Privilegios marítimos en concurso de las empresas navieras

Abstract

Las empresas navieras son aquellas entidades jurídicas con ánimo de lucro que participan en transporte marítimo. Algunas de ellas tienen relación inevitable con más de un ordenamiento jurídico. Habida cuenta de las relaciones con más de un país, las obligaciones de dichas empresas llegan a ser interpretadas por diversos órganos jurisdiccionales según las diferentes leyes nacionales. Con la finalidad de unificar, por lo menos, las situaciones más comunes, los legisladores navieros intentaron elaborar convenios internacionales ofreciendo soluciones universales para los países miembros de dichos convenios.

Los Convenios Internacionales son aplicables mundialmente en aquellos ordenamientos jurídicos que deciden reconocerlas en mayor o menor medida. Uno de los preceptos regulados de tal forma son los privilegios marítimos. Sin embargo, la interpretación de la normativa nacional e internacional suele variar, por lo que es posible obtener diferentes resultados a la hora de resolver sobre las situaciones incluso más comunes.

En general, los privilegios marítimos en los ordenamientos jurídicos comparados en esta tesis doctoral son créditos que derivan de operaciones marítimas, determinados de forma taxativa, y su validez es de un año desde el momento de su aparición. Sin embargo, dichos créditos no llegan a ser conocidos por todos los juristas ni órganos jurisdiccionales por lo que su interpretación puede derivar del desarrollo de cada ordenamiento jurídico y especialización de juzgadores que trabajan en su valoración. Especialmente son poco conocidos en términos de concurso e insolvencia, por lo que incluso pueden ser excluidos o puestos en segundo plano después de otros créditos que por la normativa nacional tienen un orden preestablecido dentro de las propias leyes nacionales.

Este estudio se basará en la valoración de puntos unificados y aquellos menos unificados en términos de tramitación de insolvencia y concurso en tres países: Reino de España, Reino Unido (teniendo por ejemplo exclusivamente Inglaterra) y Croacia. Los puntos de partida serán Convenios Internacionales y normativa nacional de cada uno de los países con la comparación de resultados de interpretación de cada uno de los ordenamientos jurídicos.