El Derecho administrativo y la prevención de la corrupción urbanística

Abstract

La corrupción pública en España ha tendido a concentrarse, en buena medida, en el sector urbanístico durante las últimas décadas. La corrupción supone una frontal oposición a la configuración constitucional de la Administración pública, e implica un significante coste económico y social. Por cuanto respecta a las consecuencias en el urbanismo, este fenómeno ha contribuido a que, en ocasiones, la administración actúe de forma manifiestamente ilegal en el ejercicio de la función urbanística, instaurando un «modelo de desarrollo insostenible» que ha terminado por dañar muy seriamente espacios de gran valor medioambiental, sobre todo en los municipios del litoral. De acuerdo con el principal material bibliográfico y jurisprudencial disponible: A) La corrupción pública en general, y la urbanística en particular, es, aunque extendido, un fenómeno relativamente poco frecuente y que salvo en casos muy excepcionales no forma parte del funcionamiento habitual de los poderes públicos; B) La corrupción pública en general es, esencialmente, la corrupción de los políticos, mucho más que la corrupción de los empleados públicos profesionales; C) La debilidad de las instituciones españolas para combatir la corrupción no radica en la falta de instrumentos jurídico-formales, sino en la efectividad de los mismos en la práctica; D) La corrupción urbanística está causada, en todo caso, por la concurrencia de grandes beneficios apropiables por parte de los particulares, un sistema de controles ineficaz y unas sanciones insuficientes, acompañado de una falta de adecuación del comportamiento individual de los cargos y empleados públicos a la ética pública. En ocasiones, algunas causas adicionales se añaden, como la complejidad normativa propia del sector urbanístico; E) Los ámbitos de la actividad pública urbanística donde hasta el momento han concurrido los mayores riesgos de corrupción son la planificación, el otorgamiento de licencias y el ejercicio de la disciplina urbanística. Los jueces ya han dado firmes pasos al frente en la lucha contra la corrupción, mediante novedosas y convenientes interpretaciones jurisprudenciales. Sin embargo, queda todavía un camino que recorrer con un enorme potencial: el de la prevención del fenómeno, y en él, el Derecho administrativo y el personal de las administraciones públicas están llamados a desarrollar un papel fundamental. En base a las características de la corrupción urbanística, proponemos las siguientes líneas de prevención: A) La identificación y gestión continuas de los riesgos de corrupción, especialmente en las áreas sometidas a mayores riesgos; B) El refuerzo de la intervención de los funcionarios con habilitación de carácter nacional en las áreas sometidas a mayores riesgos de corrupción, y el refuerzo de su imparcialidad; C) El impulso de las medidas cautelares en sede judicial; D) La formación ética basada en códigos de conducta que contemplen específicamente cómo afrontar las situaciones en que pueda concurrir algún riesgo de corrupción, y se dote a un ente con medios materiales y personales suficientes como para poder impartir sesiones formativas en cuestiones éticas relacionadas con la prestación de servicios urbanísticos.

Public corruption in Spain has tended to be concentrated largely in the urban development during the last decades. Corruption means a frontal opposition to the constitutional configuration of public administration, and implies a significant economic and social cost. Regarding the specific consequences of corruption in land use, this phenomenon has occasionally contributed to promote illegalities in the exercise of land use powers leading to an «unsustainable development model» which has ended up spoiling areas of great environmental value, especially in coastal municipalities. According to the main bibliographical and jurisprudential material available: A) Public corruption in general, and corruption in the urban development in particular, is, although widespread, a relatively infrequent phenomenon. Apart from exceptional cases, it is not part of the normal functioning of public administrations; B) Public corruption in general is, essentially, the corruption of politicians, much more than the corruption of professional civil servants; C) The weakness of Spanish institutions to combat corruption lies not in the lack of formal legal instruments, but in their effectiveness in practice; D) Urban corruption is caused in any case by the concurrence of great benefits to developable land owners, ineffective control mechanisms and a sanctioning system insufficiently dissuasive, accompanied by a lack of adequacy between the individual behavior of public officers or civil servants and public ethics. Occasionally, some additional causes are added, as the regulatory complexity in the land use field; E) The land use areas with the greatest risks of corruption are urban planning, the granting of building permits and the exercise of urban development discipline. The judges have already taken firm steps in the fight against corruption, through innovative and appropriate case law interpretations. However, there is still a field to explore with a huge potential: the prevention of the phenomenon. Administrative law and public administration personnel are called to develop a fundamental role. On the basis of the characteristics of land use corruption, we propose the following lines of prevention: A) The continuous corruption risks assessment and management, especially in the areas that are subjected to greater risk of corruption; B) Strengthening the role of officials with national qualification in the areas that are subjected to greater risk of corruption, and strengthening its impartiality; C) Promoting the use of precautionary measures in court and D) The ethics training based on codes of conduct that should cover how to deal with situations that can attend any risk of corruption, and endowing an entity with material and personal means enough to be able to provide training sessions on ethical issues related to the provision of urban services.