Reducciones voluntarias de emisiones de CO2 en el ámbito local ante el cambio climático

Abstract

Es evidente que el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, marca un antes y un después, respecto a la concienciación de los desequilibrios que sufre la atmósfera con las afecciones de gas de efecto invernadero (GEI), como metano, dióxido de carbono u óxido nitroso. Y el calentamiento de la atmósfera origina un aumento de la temperatura media de la superficie de la tierra, que debe ser frenado. Es por ello que la comunidad investigadora hace patente el estudio de los diferentes procedimientos para conseguir la reducción de GEI.

Así, si hacemos un pequeño recordatorio hasta 1992, el Derecho Internacional y Comunitario no aborda específicamente la cuestión de Cambio Climático, pero fue ese año, cuando se adoptó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Progresivamente los estados se reunieron para discutir en el Marco de la Conferencia de las Partes. En 1995, la Conferencia de las Partes constató los escasos avances para una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, ocasionando el llamado Protocolo de Kyoto en 1997. Punto de partida de obligaciones concretas para los estados en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Junto a esta importante propuesta, se incluyen los mecanismos de flexibilidad para lograr el cumplimiento de los objetivos marcados y así una reducción de emisiones. Se observa lo largo de esta investigación, el Protocolo de Kyoto es insuficiente. Los estados firmantes en las diferentes Cumbres intentan dar nuevas soluciones, quedando siempre cortos en los logros de reducción.

Aunque lo anteriormente comentado es un compromiso casi global, no consigue ser tanto en materia de los bienes comunes, a pesar de ser una meta final dentro del Protocolo y mecanismos entablados hasta el momento. Y es que ya lo decía Eisenhower ¿de acuerdo con nuestro ponderado juicio profesional, este dilema no tiene solución técnica. Si las grandes potencias continúan buscando soluciones exclusivamente en el área de la ciencia y la tecnología, empeorará la situación.¿ Exacto, es necesario una voluntad común, para conseguir un objetivo común.

Los propios bienes comunes deben ser la voluntad común. De esta forma, a mayor escala, la tragedia de bienes comunes es evidente en los mares y océanos, cuyas aguas internacionales, son de hecho, consideradas propiedad común de muchos incontrolados. En tales condiciones, no es extraño que cualquier agente desaprensivo pueda aprovecharse con todas sus malas artes (pesca, vertidos...) de aquello que es de todos.

El ejemplo de los mares es perfectamente aplicable a la atmósfera, y en ese sentido, lo que se ha planteado es terminar con las practicas de su deterioro en términos de emisión de GEI, precisamente, por la actuación errónea de la población mundial, en industrias, transporte, hogares¿así la tragedia de los bienes comunes cabe transformarla en una gestión sostenible de los bienes globales, que contribuirá en la reducción del Calentamiento Global.

Una vez concluidos que el protocolo de Kyoto es insuficiente. La reflexión se dirige a otros procedimientos para conseguir un entorno más sostenible. Existe un potencial importante en los países desarrollados para diseñar esquemas de mercado que den incentivos para la realización de proyectos domésticos de reducción de emisiones. Estos instrumentos pueden ser muy relevantes en sectores tradicionalmente ajenos a los mercados de carbono como son en el ámbito municipal, la eficiencia energética o energías renovables.

Es en ese marco, cuando se impulsa a través de acuerdos voluntarios, las iniciativas de Agenda 21 para municipios más sostenibles; Compromiso de Ciudades por el Clima; El Pacto de Alcaldes¿. Todo indica, la capacidad de poder cambiar el entorno. Los ciudadanos pueden llegar a tener los mecanismos necesarios para alcanzar metas superiores, medioambientalmente hablando, con una repercusión ambiental superior a lo conseguido hasta el momento.

Por lo tanto, el motivo de este estudio ha sido poder determinar y justificar la importancia de los ciudadanos, su comportamiento, y su modo de vivir, ya que todo ello, contribuirá al medio. Pero para que esto sea una realidad, sin duda es necesario que sea posible. Es por ello, que se considera insuficiente los compromisos anteriormente comentados, porque estos, no nos garantizan la reducción real de CO2 a la atmósfera. De esta forma, es imprescindible un compromiso mayor, que debe de estar garantizado mediante las certificaciones, ya que estas serán las que validarán la reducción de emisiones a la atmósfera. Y si además, estas certificaciones, las convertimos en valores económicamente cuantificables, que propicie la inversión continua en acciones medio ambientales, obtendremos una mayor rentabilidad en mejoras al medio y bienestar en calidad de vida para los ciudadanos.

En conclusión, este estudio demuestra y justifica que es posible que desde la Administración Local sea propulsora de un comercio local de derechos de emisión. Las experiencias llevadas a cabo en otros países, al igual como el desarrollo de un análisis cuantitativo de las situaciones existentes, tanto a nivel internacional como comunitario, indican que es necesaria la implicación de los propios entes locales. Y aplicar juntos las líneas estratégicas, el ámbito público y privado para poder conseguir como fin último las reducciones de emisión. Es por ello, necesario que el Estado dictamine una normativa en la reglamentación de la operatividad de un Mercado Local de Emisiones que sin duda, ofrecerá rentabilidad económica avalada por la consecución de la reducción de emisiones en el ámbito local, a la vez que se generan actuaciones medio ambientales en la ciudad. Todo ello, bajo la supervisión del Estado que facultará a los municipios la posibilidad de reducir emisiones y poder conseguir una ciudad de carbono cero. Sin duda, un reto importante para las ciudades y los ciudadanos.